Desde Hacha y Tiza, y por ser Irene nuestra compañera militancia cotidiana, nos ponemos a su disposición y solicitamos difundas esta expresión de solidaridad y repudio a los directivos del diario La Nación.
Ver también Diario La Nación: nueva redacción, viejas deudas.

Ayer, lunes 8 de junio, significativamente un día después del Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, nuestra compañera Irene Haimovichi –delegada de prensa desde hace una década, trabajadora de prensa desde hace más treinta años y militante de toda la vida– recibió una carta documento enviada por su empleadora, S.A. La Nación, que la notificaba de una sanción disciplinaria grave.

De tal modo, la empresa mitrista busca una acción para apremiar y hostigar, moral y psicológicamente, a quien es hoy la delegada más expuesta por ser la única integrante de la comisión interna que trabaja en la redacción del diario centenario, donde la empresa planifica llevar adelante un plan de reestructuración que, si bien está dirigido a optimizar la producción periodística, también implica mas reducción de puestos de trabajo, y la aplicación de cargas horarias y escalas salariales que no se condicen con el Estatuto y tampoco son resultado de paritarias de ningún tipo.

La sanción pretende acallar a la delegada y, por extensión, acallar con eso toda expresión crítica a la conducción corporativa.

Según la editorial auspiciada por el HSBC, el crimen de Irene fue «externalizar a terceros» cierta información que la propia empresa se había encargado de hacer pública en una serie de reuniones con cientos de trabajadores de Redacción y que previamente puso también a disposición de la Comisión Interna en una reunión convocada por la gerencia general, el secretario de redacción y RRHH. El argumento se cae por sí solo. Lo que Irene difundió es información que afecta directamente a los trabajadores y que a todo delegado gremial le incumben: que la empresa considera innegociable el cambio en las condiciones de trabajo y que, a cambio, no se sienta a negociar con los legítimos representantes de los trabajadores ni salarios ni horarios ni otras condiciones de trabajo. (ver publicación completa en este link)

Por tales motivos, el accionar de Irene fue irreprochable y se evidencia que en La Nación existe una política antisindical que desde hace años se identificada mas con Clarín, pero que en silencio y con la máscara de los buenos modales, también se verifica en La Nación donde se aplica una política silenciosa del miedo.

Desde La Gremial acompañamos a nuestra compañera en su lucha y en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, y exigimos que S.A. La Nación retire la sanción y se avenga a discutir los temas pendientes de manera democrática en una verdadera mesa de negociación.

La empresa que se dice adalid de la libertad de expresión busca amordazar a sus trabajadores, contradiciendo los tratados internacionales que consagran la información como un derecho humano.

Agrupación La Gremial de Prensa

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son pactos de rango constitucional en Argentina:  Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

De la Declaración Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también de rango constitucional en Argentina: Artículo 13: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.